He de confesar que todas las entradas anteriores tenían como objetivo llegar a ésta.
Hemos asistido, desde hace un par de años, a un linchamiento de ciertos profesionales de la medicina tan dantesco, tan desvergonzado, que a pesar de tener un desenlace feliz no puede sino considerarse un fracaso descomunal de la Sociedad civil y el Estado del bienestar que los ultraliberales quieren acabar demoliendo. En este sentido su tardía derrota no ha sido sino un levemente amargo colofón a una triunfo prolongado en el tiempo. ¿Qué más da que al final me alcance la muerte si he pasado una larga vida consiguiendo victorias?
Yerran, por tanto, quienes consideran que al final ha triunfado la justicia y la razón en el caso de las sedaciones de Leganés. El objetivo, desprestigiar y demoler la sanidad pública mediante el sufrimiento infligido a los ciudadanos, ha sido conseguido.
Volvemos al tan manido tema de la libertad que pregonan los ultraliberales; Ellos postulan el derecho a elegir frente a toda imposición estatal; consideran que la sanidad pública no otorga ese derecho, en la medida en que se nos asigna un médico, un hospital y un tratamiento sospechosamente igualitario para pobres y ricos. Todo esto apesta a comunismo, y no puede ser bueno.
Haciendo gala de su proverbial necesidad de ejercer la elección, los ultraconservadores no se conformarán con hacerla efectiva; procurarán además, que no haya otra posibilidad que la de elegir, condenándonos, así y como diría Sartre, a ser libres.
Para ello elaboran un plan meticuloso que consiste en una profecía autocumplida: "la sanidad pública es de baja calidad y está colapsada"
Evidentemente, haciendo uso del presupuesto (cosa en la que, como liberales que son, no creen) a lo que se dedicarán es a hacer válida esta predicción. No invertirán en sanidad pública; no contratarán nuevos profesionales; no harán nuevos hospitales, hasta que todo empiece a colapsarse. En ese momento, la percepción de la población será que la sanidad pública no funciona, y empezará a girar sus ojos a la privada.
Para no ser excesivamente llamativa la demolición, se construirán un 20% de los hospitales presupuestados (en la Comunidad Valenciana, de 15 prometidos en las sucesivas elecciones de los últimos doce años, se han hecho dos y se está a punto de concluir el tercero), pero se privatizará su gestión, de modo que las empresas afines sigan ganando dinero de todos modos.
¿Alguien puede imaginar cómo sería una sanidad pública valenciana, a la sazón la que menos invierte de todo el Estado por habitante y año junto con Madrid, con quince hospitales más y el consecuente número de profesionales que estos generaran?
Yo se lo diré: sería muy cara. Recordemos que los ultras consideran que el dinero se debe invertir, no gastar. El beneficio de los ciudadanos está muy por detrás del beneficio económico en el orden de prioridades.
Toda privatización progresiva, implica de facto la aparición de nuevos pujadores por hacerse con los trozos del pastel que se quiere privatizar; a parte de las grandes aseguradoras o mutuas ¿Adivinan quien es una de las grandes beneficiarias de la salud y el cuidado del cuerpo, pero sobre todo del alma?
Efectivamente, la Iglesia Católica.
Volvemos a las andadas. La iglesia detrás de una parte del beneficio, y también detrás de los gobiernos ultraconservadores. ¿cómo hacer que la Iglesia aparezca como la salvadora? Haciendo ver que las prácticas de la sanidad pública condenan a una muerte prematura y desconsiderada a los pobres pecadores.
Es aquí donde entra el caso Lamela/Aguirre, mal llamado caso Dr. Montes o de sedaciones de Leganés, que trataré específicamente en la siguiente entrada.
Antes que nada, habré de justificar la idea, sugerida, de porqué es tan nociva la privatización de la sanidad.
Cualquiera puede aducir y tendría razón, y estaría en su derecho, que la sanidad privada es cuestión de elección. Que la atención es personalizada, cuidadosa y en ocasiones, mucho más atenta profesionalmente.
Todo ello puede ser cierto.
Pero lo que hay que dejar claro, es que el hecho de que sea una cuestión de elección debe ser suficiente para que cada cual pague esa atención. Lo que es injusto y debería ser ilegal, es que el presupuesto público financiara esas empresas privadas. Si ese presupuesto se dedicara a financiar correctamente la sanidad pública, mejoraría la atención, el cuidado y la comodidad, con una ventaja añadida e indiscutible: en ella no se buscaría el beneficio; por lo tanto, no se ahorraría en la salud de los demás: si tú privatizas una gestión pública, lo que estás haciendo es que el privado que te atiende intente ahorrar contigo. ¿Alguien quiere eso para su salud?
El otro mal viene desde dentro; los médicos privados suelen ser los mismos que los públicos, en horarios diferentes, pero, humanamente, prefieren ganar dinero en su clínica privada antes que atenderte correctamente en la pública. ¿No hay una ley de incompatibilidad? ¿No debería haberla? En otras profesiones la hay.
Sanidad privada, sí, pero con sus propios recursos. Sanidad pública, sí, con recursos de todos.
Continuaremos mañana con la infamia.